El Parlamento Europeo pide una Directiva sobre transición justa en el mundo del trabajo

El 20 de enero de 2026, el Parlamento Europeo (PE) adoptó una resolución en la que encarga a la Comisión elaborar una directiva para “asegurar la creación de empleos y a revitalizar las economías locales”. La Comisión de las conferencias episcopales católicas de la UE (COMECE) había publicado días antes una declaración de apoyo al contenido de dicha resolución.

El PE adoptó el texto por 420 votos a favor, 207 en contra y 20 abstenciones. Una vez más, impresiona la amplia mayoría parlamentaria, en la que se incluyen casi todos los eurodiputados del PPE, liberales, socialistas y “verdes”. En contra votaron la mayor parte de los conservadores y de las agrupaciones euroescépticas de derechas, más una cuarentena de parlamentarios del PPE y liberales; sería interesante conocer las razones de su oposición a un texto que, aparentemente, intenta tener en cuenta todas las sensibilidades.

La resolución no tiene carácter legislativo; expresa una posición política del PE, no vinculante, pero con un cierto poder de presión hacia la Comisión y los gobiernos de los Estados miembros. Dejo a analistas informados el comentario político del voto, que sin duda lo tiene.

La resolución habla de “transiciones gemelas” (twin transitions): la ecológica y la digitalización. Sobre el segundo aspecto, el texto cubre muchos de los temas que la Fundación Pablo VI ha venido estudiando desde 2021 en su seminario permanente y en varias publicaciones, entre ellas el libro El trabajo se transforma.

El texto del PE se puede leer con un doble telón de fondo: por un lado, una cierta ralentización de la transición verde – en particular, por la resistencia coincidente de empleadores y sindicatos en algunas industrias manufactureras, como la del automóvil de motor de combustión interna – y, por otro lado, el temor de muchos ante la “destrucción de empleos” por la robotización y la inteligencia artificial. La resolución no cuestiona la necesidad o la inevitabilidad de ambas transiciones, pero denuncia e intenta prevenir sus efectos sociales negativos.

Es cierto que la resolución no se limita a defender el bienestar social; también subraya la necesidad de que Europa “se focalice fuertemente en la competitividad y el crecimiento”, con referencias a los informes Draghi y Letta. El PE no cuestiona los grandes objetivos económicos mainstream. Sólo menciona de pasada la contribución que puede aportar la “economía social” a una transición socialmente aceptable.

El texto se reclama ante todo de procesos “centrados en la persona humana”. Tratándose de digitalización, denuncia explícitamente los riesgos de “vigilancia excesiva” de los trabajadores, y reclama su derecho a desconectarse. En general, “en la medida en que sea posible”, pide que se eviten los cierres y los despidos forzados.

La resolución destaca el papel esencial del diálogo social. La negociación colectiva es imprescindible para preparar las transiciones y minimizar sus efectos negativos. La resolución alude a la calidad de la negociación colectiva, algo que se debatió ampliamente en el seminario de la Fundación Pablo VI: la eficacia del diálogo social – que se debería defender como una ventaja competitiva de Europa en la conflictiva geopolítica actual – depende de que se cuide la descentralización de sindicatos y organismos empresariales, partiendo del diálogo real en los lugares de trabajo y a nivel sectorial, lejos de manipulaciones ideológicas o políticas.

La resolución del PE subraya también la necesidad de la educación y afirma un “derecho” de los trabajadores a recibir formación durante las horas de trabajo, lo que, dentro de un diálogo social permanente, debe permitir el cambio de un puesto de trabajo a otro. La transición digital, en particular, pone de relieve la falta de trabajadores con las habilidades necesarias, lo que se resuelve básicamente con formación continua (upskilling). También se menciona el impacto geográfico desigual de estos procesos, lo que requiere el apoyo a relocalizaciones empresariales, antes que a la migración (la resolución habla de right to stay, un “derecho a no emigrar”). El texto destaca el papel imprescindible de las empresas pequeñas y medianas, pero no dice nada específico sobre los trabajadores autónomos. Indirectamente se refiere a una posible reducción generalizada del tiempo de trabajo recordando la vigencia de los esquemas de trabajo a tiempo parcial (puestos en marcha en la pandemia). Con razón, la resolución destaca la falta de datos desagregados y precisos sobre el impacto de la transición digital en el empleo.

En definitiva, aparte de más información estadística, ¿qué pide el PE a la Comisión y a los Estados miembros? No reclama más regulación europea, que ya abunda, tanto en los temas ecológicos como en el de la AI; al contrario, se inscribe en la tendencia actual – un mantra en recientes manifestaciones de la UE – reclamando la simplificación de procesos administrativos. En sustancia, lo que se pide es tema de presupuestos: refinanciar el Just Transition Fund, un instrumento dotado desde 2021 de más de 19 mil millones de euros (según información pública, España se ha beneficiado en 868 millones), cuyo período inicial termina en 2027. También se habla de otros programas de ayudas, como el European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers EGF, el programa SURE de apoyo al trabajo a tiempo parcial, y los intercambios sobre políticas de formación profesional (CEDEFOP). Todos aspectos que miran, supongo, a la negociación en curso sobre el nuevo marco financiero plurianual de la UE (2028-2034).

Es alentador constatar un consenso amplio sobre las medidas que promueven una digitalización y una ecología a dimensión humana. Lástima que de esta resolución emane esencialmente una intención defensiva. Es de esperar que también se reúnan amplias mayorías para medidas más afirmativas. Los debates en torno a la transición ecológica y la digitalización necesitan probablemente menos temor a las consecuencias y más apertura positiva hacia inversiones verdes en grandes proyectos europeos y hacia aplicaciones industriales de la inteligencia artificial. Son campos en los que Europa tiene aún posibilidades de liderar el cambio.