El diálogo entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre de 2025 en la Fundación Pablo VI, en conmemoración del centenario del nacimiento de José María Martín Patino, ha sido gratamente elogiado por todos los medios, en un tiempo en el que los espacios de conversación pública y sosegada se van mermando. Incluso se ha llegado a hacer la comparación con la histórica conversación entre el filósofo de la Escuela de Fráncfort, Jürgen Habermas, y el teólogo alemán, Joseph Ratzinger, que luego llegó a la sede de Pedro como Papa Benedicto XVI. Y es que, ciertamente, en aquél mítico diálogo que llevaron a cabo en 2004, en la Academia Católica de Baviera, en Múnich, se trató de la misma sustancia que debatieron Illa y Argüello, la legitimidad del Estado de derecho democrático liberal. Ambos intervinientes, moderados por quien ahora escribe, desde distintas orillas de la racionalidad dieron cuenta de cómo el diálogo y el encuentro son posibles en cuanto base fundamental de la convivencia.
La conversación trató cuestiones fundamentales como las condiciones positivas o negativas para el diálogo; la crisis de valores; la interrelación entre política y religión; la polarización; la integración de la migración; la solidaridad interterritorial o el papel de los católicos en la vida pública. Pero, de manera transversal, el debate giró en torno a una pregunta fundamental: ¿puede y debe darse el diálogo en cualquier circunstancia? Ambos coincidieron en la necesidad de superar esa “dialéctica de los contrarios” en la que estamos sumidos, haciendo un elogio de la razón frente a la emoción, abordando el desacuerdo desde el acuerdo (“Vivimos una época en la que la emoción manda mucho y en la que se demoniza a aquel con quien quiero dialogar”).
Y entrando en el terreno político-cultural, la cuestión que subyació en todo el diálogo es si la única fuente de legitimación de los Estados modernos occidentales secularizados radica en la voluntad ciudadana expresada mediante determinados procedimientos con el fin de lograr los correspondientes acuerdos, o si, por el contrario, puede entenderse que de un modo más o menos tácito o enmascarado, al final las normas jurídicas traen fundamento último en tradiciones culturales de índole ético, humanista o, en suma, religioso. Esta cuestión -que estuvo también en la base de otros momentos de la conversación como, por ejemplo, cuando se habló de la solidaridad e identidad territorial- fue tratada con altura y, partiendo de Alexis de Tocqueville en su obra sobre la democracia, definido como “un sistema muy exigente que reclama ciudadanos virtuosos”, Mons. Argüello invocó el concepto de pueblo con conciencia dispuesto a ejercer con virtud la caridad política, como uno de los activos fundamentales que pueden ofrecer las religiones. Y ese “demos” puesto en relación con el “kratos”, que es el ejercicio del poder, lleva a un respeto por las reglas del juego, por el Estado de Derecho y su principio esencial, el principio de legalidad. Las grandes tradiciones religiosas, concluyó Mons. Argüello “son una fuente para constituir lo que la democracia no tiene capacidad de darse a sí misma, desde la relación con el poder del Estado y no desde la privacidad de la sacristía”. Y en este sentido también Illa coincidió afirmando que la religión “tiene derecho a participar en la vida pública”, reconociendo su contribución positiva a este espacio público “desde la laicidad del Estado”, en la misión de ayudar a ser buenos ciudadanos.
